AUTOR: Servando Santos Elizondo

Iniciamos el siglo veintiuno con una andanada de transformaciones que van desde la recomposición de los países, la reconfiguración del capital, la globalización económica, los cambios profundos en la organización del trabajo, las nuevas tecnologías, y las guerras que aunque disfrazadas como de defensa contra el terrorismo la realidad es que ahí se deciden los que dominarán los diferentes mercados en el ámbito internacional. Este espectro de acontecimientos, de una u otra manara afectan a quienes son responsables de crear la riqueza, es decir, los trabajadores. En México los cuatro últimos gobiernos, incluyendo el actual, han sido proclives en la implementación de estas transformaciones, principalmente la que aborda el tema de los cambios profundos en la organización del trabajo. El gobierno actual y toda su corte empresarial han hecho lo imposible por modificar el artículo 123 de la Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo.

Por su constitución muy peculiar, las Universidades públicas en México están siendo la plataforma para poner a prueba la capacidad del actual gobierno para echar a andar su proyecto de reforma laboral, como lo podemos constatar en la declaración de algunos rectores de Universidades, que pretenden invalidar derechos ya adquiridos como la jubilación dinámica, para sustituirlo por esquemas jubilatorios de puntajes que no son otra cosa que aumentar el tiempo de permanencia en el trabajo, hasta una edad tan avanzada que al trabajador le sea imposible jubilarse o si lo hace, lo más probable es que sea en una cama de hospital (como fue mencionado en la sección de dichos y hechos del número anterior de este periódico) para administrar sus achaques, en lugar de su tiempo libre.

La Universidad Autónoma de Nuevo León con la creación del Fondo de Pensiones y Jubilaciones para contingencias dio un paso trascendental en la solución del problema de las jubilaciones, pero, es solo un paso, si bien es cierto que aproximadamente unos once mil trabajadores sindicalizados serían favorecidos con este esquema, también es cierto que lo que se ha logrado ahorrar en cinco años se difumine o desaparezca completamente, esto por la intención de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior de que mediante un estudio actuarial dado a conocer el 23 de julio de 2002 en el tercer seminario de educación sindical en una conferencia impartida por Cesar R. Torres A. y en la cual incluyen todas las universidades públicas están tratando de demostrar que las universidades que ya poseen un fondo de pensiones y jubilaciones, el destino de este fondo es el fracaso, y que lo único que permitiría su permanencia sería un aumento considerable en las aportaciones de alrededor de un 54% global, aportando el trabajador el 26% del salario, y la Universidad 28%, en la actualidad estamos aportando alrededor de un 12% el trabajador y un 14% la Universidad.

Por otro lado, hay cerca de cinco mil trabajadores que no tienen regularizada su planta en la universidad, que han sido contratados de manera irregular pasando por alto cláusulas del contrato colectivo, llegará el momento en el que estos trabajadores sean basificados y pasen a formar parte de nuestra organización. ¿Cómo quedará su situación jubilatoria? ¿Qué organización se hará cargo de la defensa de sus derechos como jubilados? Y por último ¿Cuál será el estatus jurídico de nuestro Contrato Colectivo? Por lo que se ha dicho y establecido, todos los trabajadores de nueva contratación formarán parte de un nuevo esquema de jubilación, ante esta situación ni siquiera el jubilado en este nuevo esquema tendrá una institución sindical que lo defienda y nuestro Contrato Colectivo irá siendo reducido al mínimo en sus conquistas y derechos adquiridos; triste panorama en un futuro para una organización sindical.

La Sección 21 y la Sección 50 del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación contemplan en su estructura formal y funcional delegaciones de jubilados que se encargan de la defensa de los mismos, que no ha sido fácil su constitución, que han avanzado y retrocedido como el caso de la Delegación de Jubilados de la Sección 21, misma que fue fraccionada en diez delegaciones diferentes y que no está de más decirlo, con la clara intención de minar su fuerza y capacidad de lucha. La Sección 50 por su parte mantiene la integración de una sola delegación, pero también a tenido embates donde han tratado de fraccionarla en varias delegaciones, aunque a la fecha se ha mantenido incólume.

Con estos hechos como antecedente, es imprescindible la creación de una Sección de Jubilados, que garantice la defensa de los derechos de todo trabajador jubilado de la Universidad, independientemente del esquema jubilatorio donde se encuentre inscrito. Que los derechos políticos que tienen todos los trabajadores en activo se extiendan a todos los jubilados de la UANL, es decir, que tengan plena vigencia sus derechos políticos para votar y ser votados en la elección de puestos de dirección en nuestra organización, solo de esta manera nuestra organización el STUANL cumplirá cabalmente con su cometido histórico que es la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Existe en la estructura organizativa del Comité Ejecutivo del STUANL, la Secretaría de Pensiones, Jubilaciones y Escalafón cuya función se limita a tramitar todos los casos sujetos de aplicación de la jubilación, así como, examinar y resolver casos sujetos a pensión entre otras. La Secretaría de Pensiones y jubilaciones solo aplica a trabajadores en activo que estén por jubilarse, pero ¿a dónde deben recurrir los jubilados con sus problemas? Ante una situación de esta naturaleza se antoja como una necesidad la creación de una Secretaría del Jubilado, que esta Secretaría la ocupe preferentemente un jubilado, o la persona más capaz para ocupar dicho cargo, que le permita al jubilado tener acceso a la información y a la defensa de sus derechos como parte integrante y activa de nuestra organización